Sistemas de apoyo

El sistema de protección a la infancia y adolescencia 

El sistema de protección a la infancia y adolescencia en España está regulado por un marco jurídico que garantiza el interés superior del menor como principio fundamental. Este marco se articula a partir de la Ley 21/1987, de 11 de noviembre, que modifica el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción y otras formas de protección.
Posteriormente, su desarrollo se ha visto complementado y actualizado mediante la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, y las modificaciones introducidas por las Leyes Orgánicas 8/2015 y 26/2015, que reformaron el sistema de protección a la infancia y adolescencia para adaptarlo a los retos contemporáneos.
Más recientemente, la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia refuerza el compromiso con la garantía de derechos y la protección de la infancia en contextos de riesgo.
La ejecución de las medidas de protección son competencia de las Comunidades Autónomas, que actúan bajo la supervisión y, en su caso, la autorización del Ministerio Fiscal, asegurando la adecuada aplicación del marco normativo en consonancia con el interés superior del niño o la niña. Todas las medidas de protección son realizadas por las instituciones públicas competentes en cada una de las Comunidades Autónomas, teniendo siempre como principio rector “el interés superior del niño”, pero siempre bajo la vigilancia, y en su caso la autorización, por parte del Ministerio Fiscal
Cuando un menor está bajo una medida de protección, existe un proceso según el caso, donde encontramos diferentes situaciones dependiendo de factores procesuales, así como las circunstancias de urgencia que rodean al menor:

• En estudio de la medida de apoyo: situación previa a la resolución de la medida protectora.
• Guarda provisional: respuesta temporal ante una emergencia.
• Guarda judicial sin desamparo: tras la resolución judicial, uno de los progenitores o tutores Mantiene la protección del o la menor.  
• Tutelas “ex lege”: la Administración asume la tutela por desamparo, con ejercicio implícito de la guarda.
• Guarda voluntaria: derivada de la solicitud de progenitores o tutores ante una imposibilidad grave de cuidado.

Medidas protectoras

Las medidas protectoras, basadas en el cuidado y custodia de la persona menor, se llevan a cabo en dos contextos:

Acogimiento familiar:  el niño, niña o adolescente se integra en un núcleo familiar (familia ajena) o reagrupación (familia extensa) que asume la guarda. Esta familia lleva a cabo una relación de colaboradora con la Administración pública en el ejercicio de sus funciones de protección.

Acogimiento residencial: el niño, niña o adolescente ingresa en un centro que puede ser gestionado y operado por el Estado o por una entidad privada por concesión pública.

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Del sistema de protección más allá de los 18 años.

La Ley 26/2015, de modificación del sistema de protección de la infancia y la adolescencia, contempla en su articulado la necesidad de que las entidades públicas dispongan de programas y recursos destinados al apoyo y a la orientación de las personas jóvenes tuteladas por la Administración que, al alcanzar la mayoría de edad, quedan fuera del sistema de protección. Dichas medidas se concretan en la puesta en marcha de recursos de apoyo a la transición por parte de las comunidades autónomas. 
Al alcanzar la mayoría de edad, la tutela se extingue y las personas jóvenes adquieren capacidad jurídica plena. No obstante, un porcentaje significativo continúa en situación de desamparo, con necesidades específicas que no siempre encuentran respuesta homogénea en el territorio. 
Como se apuntaba anteriormente, la provisión de apoyos para la juventud extutelada es una competencia autonómica y, por tanto, depende de la estructura y el diseño de los sistemas de protección de cada Comunidad Autónoma. En este contexto, las entidades del tercer sector social desempeñan un papel fundamental en la implementación y desarrollo de programas que facilitan la transición a la vida adulta, promoviendo procesos de emancipación y autonomía.