Glosario

Valoramos la disponibilidad efectiva de dispositivos digitales, conectividad a internet y recursos tecnológicos que permiten a la persona joven participar en entornos educativos, laborales, administrativos y sociales en condiciones de igualdad.

Medida de protección de personas menores de edad que, con carácter administrativo o judicial, otorga la guarda de una niña, niño o adolescente a una persona o núcleo familiar con la obligación de velar por ella, tenerla en su compañía, atenderla, alimentarla, cuidarla y procurarle una formación integral a fin de proporcionarle una vida familiar sustitutiva o complementaria de la propia. En el marco del acogimiento, la familia acogedora asume una función de colaboración con la Administración pública en el ejercicio de sus funciones de protección.

Medida protectora consistente en el cuidado y custodia de la persona menor de edad, bien como contenido propio de la tutela o con independencia de que ésta se haya asumido, cuando se lleva a efecto mediante el ingreso de la persona menor de edad en un centro o establecimiento, sea propio o colaborador. Se consideran asimilados a los centros, a estos efectos, los pisos tutelados, hogares funcionales, mini residencias, etc., tanto de titularidad de la Entidad Pública como de centros colaboradores.

El acompañamiento integral implica un apoyo activo y cercano, donde la persona joven es la principal responsable de su proceso. El profesional, en lugar de asumir la responsabilidad directa, actúa como un acompañante que ofrece guía y apoyo cuando se le solicita, permitiendo que la persona joven actúe de forma autónoma y marque su propio ritmo. Actúa de puente, desde el apoyo incondicional y con límites, facilitando el equilibrio entre los objetivos propios de la persona y las exigencias sociales e institucionales para lograr la emancipación. Esta relación igualitaria permite que la persona joven tome decisiones reflexivas y desarrolle habilidades tanto técnicas como personales.

De forma general, son dependencias físicas o psicológicas a sustancias (como drogas, alcohol) o comportamientos (juego, tecnología) que afectan negativamente la vida diaria de una persona, generando una pérdida de control y una necesidad compulsiva de consumo.

Respecto al continente africano, responde a una distinción geográfica que comprende África del Norte, África Central, África Meridional, África Occidental y África Oriental. Esta es una subdivisión territorial geográfica que toma como referencia la estructura regional de la Unión Africana (UA).

Tipología de recurso residencial de carácter urgente y temporal dirigido a personas jóvenes en situaciones de emergencia social, desprotección o riesgo extremo. Proporciona alojamiento, cobertura de necesidades básicas y primera atención mientras se valora una intervención posterior más estable.

Aludimos al espacio temático o funcional específico en el que se desarrollan las acciones del proyecto. Cada proyecto se diseña para actuar sobre un ámbito particular (como vivienda, formación, inserción laboral, socioeducativo, jurídico, económico, salud y bienestar, red social y comunitaria, etc.).

Variable sociodemográfica básica que recoge el año en que nació la persona joven. Este dato permite calcular la edad cronológica, analizar cohortes generacionales y estudiar diferencias en los procesos de emancipación según edad, contexto histórico y cambios normativos.

Hace referencia al número total de años durante los cuales la persona joven ha estado sujeta a una medida de protección administrativa o judicial dentro del sistema de protección a la infancia y adolescencia.

Hace referencia al tiempo total de residencia de la persona joven en España desde su llegada. Entendemos la residencia como concepto vital y no como administrativo. Este indicador es clave para analizar procesos de integración social, educativa, laboral y administrativa, así como el impacto del tiempo de estancia en el acceso a derechos y recursos.

Tipología de recurso residencial que atiende a la modalidad de atención especializada dirigida a personas jóvenes con necesidades específicas de tipo psicológico, emocional, conductual o de salud mental. Combina acompañamiento socioeducativo y tratamiento terapéutico dentro de un entorno residencial adaptado.

Principio que reconoce que la persona joven adquiere capacidades y toma decisiones de manera gradual, lo que permite adaptar los apoyos y responsabilidades a cada fase del proceso de emancipación.

Es aquel tipo de ingreso que consiste en atribuciones económicas al estudio, y que, por tanto, están asociados a una actividad educativa vinculada a una organización académica o institución que promueva el estudio.

Este indicador nos permite medir la diferencia entre mujeres y hombres en la proporción de contratos temporales. Permite identificar desigualdades estructurales de género en el mercado laboral y analizar su impacto en la estabilidad económica y los procesos de emancipación.

Comprendemos todas aquellas personas que participan de la práctica del acompañamiento a juventud en el ámbito de los programas, proyectos y servicios de acompañamiento a la emancipación. Lo forman profesionales y personas voluntarias.

Esta variable nos permite reconocer dinámicas alrededor de los procesos migratorios de las personas jóvenes, incluyendo edad de llegada, tipo de migración, acompañamiento, trayecto realizado y circunstancias del desplazamiento. Facilita el análisis de trayectorias migratorias y su relación con la integración.

Parte de una resolución administrativa que impide la continuidad del estatus legal de una persona extranjera previamente regularizada. Más allá de su formulación jurídica, constituye un dispositivo institucional que produce y reproduce situaciones de vulnerabilidad social, especialmente cuando los criterios de evaluación se apoyan en indicadores que están estructuralmente vinculados a la desigualdad social. Estos indicadores son: la existencia de antecedentes penales, informes policiales desfavorables, expedientes entregados fuera de plazo, falta de medios económicos suficientes y la prueba de edad.

Hace referencia a los motivos que impulsan la migración, como razones económicas, familiares, formativas, huida de conflictos armados o persecución. Esta variable permite contextualizar el proyecto migratorio y comprender expectativas y vulnerabilidades.

Es el conjunto de recursos, gestionados por las entidades autorizadas como los de titularidad pública estatal (CAPI), como actuaciones y servicios que se proporcionan a las personas que solicitan protección internacional, de acuerdo con el RD 220/2022, de 29 de marzo, con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad. En dependencia de la Dirección General de Atención Humanitaria y el Sistema de Acogida de Protección Internacional de la Secretaría de Estado de Migraciones. Los centros de acogida dan respuesta a la llegada no formal de personas por vía marítima.

Dentro del abanico de tipologías de recursos residenciales, estos centros están destinados a personas jóvenes tuteladas menores de edad. Estos centros también se reconocen como centros de acogida, centros residenciales de acción educativa o educación intensiva, en cuanto se lleva a cabo una guarda específica de los menores, en el marco de la protección d las instituciones. En lo concernientes a los apoyos, se plantean desde la preparación a la vida adulta.

Dentro del abanico de tipologías de recursos residenciales, estos centros están destinados a personas jóvenes extuteladas a partir de 18 años. A partir del apoyo residencial y de forma generalizada desde estos recursos se vertebra una serie de apoyos complementarios, que comprenden el ámbito socioeducativo, la inserción laboral, formaciones laborales etc. Estos apoyos están orientados a acompañar la transición a la vida adulta y garantizar la adquisición de competencias para la vida independiente.

Son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para utilizar de forma segura, crítica y eficaz las tecnologías digitales en entornos personales, laborales y sociales. Incluyen áreas como el manejo de dispositivos, la comunicación digital, la gestión de información, la seguridad en línea y la resolución de problemas mediante tecnología.

Conjunto de habilidades prácticas, sociales y personales necesarias para sostener una vida autónoma, incluyendo gestión económica, organización del hogar, autocuidado, habilidades administrativas y planificación del tiempo.

Habilidades, conocimientos y actitudes necesarias para ejercer una crianza adecuada, afectiva y segura, especialmente relevantes para madres y padres jóvenes extutelados.

Variable de clasificación geográfica que agrupa el país de origen según grandes áreas continentales, facilitando el análisis territorial de los orígenes de la población joven atendida.

Requisitos formativos que una persona debe cumplir para acceder a un programa, proyecto o servicio. Están determinados por el nivel de estudios o competencias curriculares a partir de formación específica. El nivel educativo por ciclos (ESO, Bachillerato, FP, grado universitario), certificaciones profesionales, conocimientos específicos relacionados con el contenido formativo y la superación de pruebas de nivel, son un ejemplo.

Representan un conjunto de requisitos formales necesarios para participar en un programa, proyecto o servicio. Suelen estar relacionados con la documentación identificativa (DNI/NIE) y por tanto con la situación administrativa.

Procesos mediante el cual una persona joven accede a un recurso de la organización que proporciona datos, a través de un programa, proyecto o servicio de otra entidad, servicio o administración, formando parte del circuito de atención y protección.

Procesos mediante el cual una persona joven usuaria de un programa, proyecto o servicio de una organización que proporciona datos, es derivada a hacia otra entidad, ya sea por finalización del programa, adecuación del recurso o progresión en su itinerario.

Procesos mediante el cual una persona joven usuaria de un programa, proyecto o servicio de una organización que proporciona datos, es derivada a hacia el programa, proyecto servicio o recurso dentro de la misma organización. Esto sucede y se comprende para organizaciones que cuentan con una cartera de servicios amplia y diversificada, organizativamente complejas, ya que cuentan con áreas de atención muy diversas.

Hace referencia y comprende a aquellas personas jóvenes que están en proceso de identificación de una enfermedad o condición médica (diagnóstico) y las medidas o intervenciones recomendadas (tratamientos) para mejorar la salud o mitigar los síntomas de la condición.

Es una condición física, mental o sensorial permanente que está oficialmente certificada por una autoridad competente y que limita de manera importante una o varias actividades diarias de una persona. La discapacidad reconocida puede permitir el acceso a ayudas o derechos específicos.

En el contexto del proceso de admisión a un programa, es el conjunto de documentos formales que una persona joven debe presentar para verificar su identidad, situación administrativa, trayectoria personal o condiciones específicas con el fin de determinar su elegibilidad para acceder a un programa.

Son dependencias específicas a sustancias psicoactivas, que provocan alteraciones de los estados físicos y mentales de las personas que las consumen. Las dependencias derivan en tratamientos específicos enfocados en la rehabilitación y desintoxicación. Reconocemos drogodependencias con tratamiento o sin tratamiento

Se trata de un procedimiento burocrático que se basa en la inscripción administrativa en el padrón municipal. Este procedimiento es necesario para acreditar la residencia habitual en un municipio. Es un requisito básico para el acceso a derechos, servicios públicos y prestaciones sociales.

Comprende una situación formativa vinculada al aprendizaje de una lengua distinta, de la que se tienen menos competencias, con el objetivo de mejorar la comprensión y la comunicación en ese idioma. Puede realizarse en academias, centros educativos, programas de emancipación, etc. En ocasiones son condiciones o requisitos formativos para la aplicación a un proyecto o programa de autonomía.

Comprende el abanico de formaciones complementarias y estudios que una persona joven realiza durante un año. Suelen distinguirse entre formaciones regladas y no regladas, y nos proporcionan información de la situación formativa.

Hace referencia a aquellas a unidades familiares en las que uno o ambos progenitores son adolescentes, generalmente menores de 19 años. En la amplia diversidad de formas familiares, en este contexto reconocemos proyectos de apoyo alrededor de estas familias, basados en el acompañamiento psicosocial, orientación educativa, conciliación, acceso a recursos de crianza y programas de inserción laboral o formativa.

Entre los factores asociados a la maternidad precoz se encuentran las características del hogar de la adolescente: el ingreso económico de sus progenitores, sus niveles de educación y la condición de pobreza del hogar. Pero también hay factores contextuales relevantes, como el acceso a una educación sexual integral, a los distintos métodos de planificación familiar y, sobre todo, a la garantía del ejercicio de sus derechos.

En esta variable se recoge la información económica y presupuestaria de un proyecto o recurso, y se relaciona con las plazas para extraer una relación basada en costes. En este sentido, se comprenden las plazas disponibles (conveniadas o no) que pueden diferir del número total de juventud atendida. Por otro lado, se atiende a las características de la financiación, donde recogemos los valores porcentuales en función de los agentes implicados y los instrumentos empleados.

Acciones formativas que no conducen a una titulación oficial, pero permiten adquirir competencias profesionales, técnicas o personales relevantes para la empleabilidad y la autonomía.

es una formación que permite al estudiante combinar la formación en el centro educativo con un período de formación en empresa u organismo equiparado. Comprende las ofertas de los Grados C (certificados profesionales), D (ciclos formativos) y E (cursos de especialización). Estos últimos pueden cursarse en dos tipos de regímenes: general o intensivo.

Conjunto de enseñanzas oficiales integradas en el sistema educativo y reguladas por las administraciones públicas, que conducen a la obtención de títulos reconocidos y acreditan niveles formativos.

Se basa en una colaboración formativa entre el centro educativo y la empresa, sin que exista relación laboral. No existe contrato laboral ya que la estancia en empresa es estrictamente formativa y alumnado no recibe salario, aunque puede recibir ayudas. El 25 % – 35 % del total del programa se realiza en empresa.

Implica una inmersión práctica mucho mayor y sí establece relación laboral. El aprendizaje en la empresa se combina con actividad productiva real donde el 35 % del total del programa se realiza en empresa. Sí existe contrato laboral de formación durante esta etapa y la persona joven recibe retribución económica.

Responden a todo el conjunto de entidades u organismos que aportan recursos económicos para la ejecución de programas, proyectos o servicios, incluyendo administraciones públicas, entidades privadas, incluyendo la financiación propia.

Según la definición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Garantía Juvenil es una iniciativa europea que pretende facilitar el acceso de las personas jóvenes al mercado de trabajo. Está enfocada a que todas las personas jóvenes no ocupadas ni integradas en los sistemas de educación o formación, puedan recibir una oferta de empleo, educación o formación, incluida la formación de aprendiz o periodo de prácticas, tras acabar la educación formal o quedar desempleados. La recomendación europea que estableció el programa, requiere que cada persona joven pueda recibir una oferta en un periodo de cuatro meses a partir de su inscripción.

categoría social y cultural que hace referencia a los roles, identidades y relaciones construidas socialmente por la persona. Alude al sentimiento profundo de género que experimenta internamente cada persona, el cual puede o no corresponder al sexo que le fue asignado al nacer o al género que la sociedad le atribuye. La identidad de género incluye el sentido personal del cuerpo, lo cual puede o no implicar el deseo de modificar la apariencia o la función del cuerpo por medios médicos, quirúrgicos o de otra clase. La identidad de género de una persona es diferente de su orientación sexual (ACNUR,2021).

Persona joven que se encuentra en estado de embarazo. Esta situación puede requerir apoyos específicos en salud, vivienda, conciliación, acompañamiento social y acceso a recursos de preparación para la crianza.

Nos basamos en los grados reconocidos en Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. En este sentido, las clases de discapacidad se entienden desde la construcción de cinco niveles de gravedad a partir de la escala genérica de cuantificación de los problemas (CIF). Las clases son: Clase 0: Nula (0% – 4%), Clase 1: Leve (5% – 24%), Clase 2: Moderada (25% – 49%), Clase 3: Grave (50% – 95%) y Clase 4: Total (96% – 100%).

Conjunto de mecanismos que permiten acreditar la identidad de una persona en entornos digitales, facilitando el acceso a trámites administrativos, servicios públicos y plataformas de gestión electrónica.

Hace referencia al cálculo y asignación del coste que supone un recurso dentro del desarrollo de un programa, proyecto o servicio. Este concepto permite determinar de manera precisa cómo se distribuyen los gastos vinculados al funcionamiento del recurso y cómo estos se repercuten en la estructura presupuestaria global de la entidad o del dispositivo de intervención.

Hacen referencia a aquellos recursos económicos generados por la persona joven como resultado directo de su participación en la economía productiva, ya sea mediante un empleo por cuenta ajena, por cuenta propia, en la economía formal o informal. Representan una de las fuentes de ingresos más relevantes para analizar la autonomía económica, el nivel de independencia y el avance en los procesos de emancipación de la juventud extutelada.

Son los mecanismos jurídicos, administrativos y operativos a través de los que se articula la financiación que permite desarrollar un programa, proyecto o servicio. Este instrumento determina cómo se asignan los fondos, bajo qué condiciones se ejecutan, qué gastos son elegibles, cuál es el modelo de relación entre la Administración y la entidad, y qué margen de flexibilidad o estabilidad tendrá la intervención. En el ámbito de la atención y emancipación de la juventud extutelada, estos instrumentos son establecidos mayoritariamente por las administraciones públicas, que deciden el formato, las condiciones de acceso, los criterios de calidad y los requisitos de justificación económica y técnica.

En el contexto de los programas de autonomía, preparación para la vida adulta o vida independiente, hace referencia al proceso progresivo, no lineal y socialmente condicionado mediante el cual una persona transita desde una situación de dependencia hacia mayores niveles de autonomía. Estos programas de apoyo se fundamentan en una visión del indivisuo multidimensional donde se reconocen una serie de ámbitos clave como son el residencial, el formativo, el laboral, el económico, la red comunitaria, el acompañamiento socioeducativo, la salud y bienestar, el jurídico y la participación.

Desde una perspectiva social, la emancipación no constituye un acontecimiento puntual, sino una trayectoria vital compuesta por etapas, transiciones, avances y retrocesos, profundamente influida por las estructuras sociales, el marco institucional y el acceso diferencial a recursos.

Responde a todo el conjunto de la muestra de juventud que trabaja, que busca trabajo o que está desocupada.

Personas jóvenes que han realizado un proceso migratorio sin acompañamiento de personas adultas responsables y que han sido atendidas por la Dirección General de Atención Humanitaria y el Sistema de Acogida de Protección Internacional de la Secretaría de Estado de Migraciones.

Representan el conjunto de personas que, por sus circunstancias económicas, no tienen trabajo ni ayudas y carecen de cualquier fuente de ingresos, y ello les conduce a una situación de vulnerabilidad en términos de autonomía y emancipación económica.

Se refiere al estado de incomodidad, sufrimiento o desequilibrio que una persona experimenta en su salud mental o emocional, pudiendo manifestarse a través de estrés, ansiedad, depresión, o angustia.

Maternidad ejercida por personas menores de 19 años, generalmente asociada a situaciones de mayor vulnerabilidad y a la necesidad de apoyo integral y especializado.

Condición y proceso de cuidado de un hijo o hija desde el ejercicio de la maternidad que se produce en etapas tempranas de la vida adulta y que puede implicar retos en términos de autonomía económica, conciliación, continuidad formativa y apoyo social.

Las medidas judiciales son resoluciones dictadas por un órgano judicial (juzgado o tribunal) en el marco de un procedimiento judicial, con fundamento en una norma con rango de ley y con plenas garantías procesales.

Según las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las medidas judiciales en el ámbito de la justicia juvenil deben ser adoptadas por una autoridad judicial competente, respetar el debido proceso y aplicarse de forma proporcional a la situación valorada.

Esta variable hace referencia al tiempo total que transcurre desde que una persona joven inicia el procedimiento administrativo para renovar su situación documental en España hasta que obtiene una resolución formal (favorable o desfavorable). Este indicador recoge de manera directa los plazos reales del sistema de extranjería y su impacto en los procesos de autonomía y emancipación de la juventud extutelada. Se trata de un indicador crítico porque el acceso, la continuidad o la pérdida de la documentación no solo regulan la permanencia en España, sino que condicionan de forma profunda el acceso a toda una seri de derechos fundamentales. Comprendemos este periodo de 1 mes a más de 12 meses.

Hace referencia a la forma en que la persona joven participa económicamente en el coste del recurso residencial o vivienda en la que reside. Esta variable recoge si la aportación es inexistente, simbólica, proporcional al coste total o parcial del alquiler del inmueble, permitiendo analizar el peso económico que reside en la economía de capa persona joven, y como ello puede afectar en sus procesos y niveles de autonomía económica.

Comprende todas aquellas razones por las que una persona joven deja de participar en una programa, proyecto o servicio de autonomía. Estas pueden estar vinculadas a razones directas relativas al individuo, sobrevenidas al individuo o al propio funcionamiento del programa, proyecto o servicio

Hace referencia a la razón principal por la cual una persona joven finaliza su estancia en un recurso residencial, piso de autonomía, vivienda tutelada o modalidad similar dentro del sistema de apoyo a la emancipación. Esta variable permite comprender cómo y por qué se produce la desvinculación, aportando información esencial para evaluar la eficacia del programa, la adecuación del recurso a las necesidades de la juventud y los factores que influyen en la transición hacia la vida independiente.

Es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado y que determina su pertenencia legal a dicho país, otorgándole un conjunto de derechos, deberes y protecciones reconocidos por ese ordenamiento jurídico. Este vínculo, que puede ser de origen (adquirido al nacer) o por adquisición posterior, define el marco legal que regula la movilidad, el acceso a documentación, las posibilidades de residencia, la participación en la vida pública y otros aspectos fundamentales de la vida administrativa. Por cuestiones metodológicas, proponemos los siguientes atributos: la del país de nacimiento, Española (adquirida), Doble nacionalidad, (española), Doble nacionalidad (no española), Espacio comunitario Europeo y Otro país no comunitario Esta clasificación facilita el análisis comparativo entre grupos, permite identificar desigualdades en el acceso a derechos y ayuda a contextualizar las trayectorias migratorias y administrativas que atraviesan la juventud extutelada.

Esta variable alude a los estudios actuales que lleva a cabo la persona joven.

Esta variable toma como referencia el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), el índice empleado en España para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo. El IPREM nació en 2004 para facilitar el acceso a las ayudas para las economías familiares más desfavorecidas, con el objetivo de sustituir al Salario Mínimo Interprofesional, que está más restringido al ámbito laboral. El IPREM se publica anualmente a través de la Ley de Presupuestos, de forma que puede variar de un año a otro, y tendremos que usar como referencia el último valor publicado de forma oficial para determinar el valor de los ingresos en función del número de veces que representa el IPREM en términos anuales por 14 pagas.

Es el nivel educativo más alto que una persona ha completado y superado con éxito, es decir, aquel para el que ha finalizado todos los cursos exigidos y está en condiciones de obtener el título o certificación correspondiente, con independencia de que posteriormente haya iniciado otros estudios no finalizados.

Es el conjunto de leyes, reglamentos, tratados internacionales, directrices administrativas y marcos jurídicos que regulan los derechos, la protección, el bienestar y el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Esta normativa establece las obligaciones de las administraciones públicas y de las entidades que intervienen en la atención y protección de menores, definiendo los principios, procedimientos y garantías que deben regir todas las actuaciones dirigidas a este colectivo. A nivel estatal y autonómico, la normativa de infancia constituye el marco legal que sustenta las medidas de protección, incluido el acogimiento residencial o familiar, las intervenciones socioeducativas, la atención a menores migrados, la tutela administrativa, la guarda, y los mecanismos de prevención y detección de situaciones de riesgo. También define criterios de actuación basados en principios como el interés superior del menor, la no discriminación, el derecho a la participación, la protección integral, la autonomía progresiva y la garantía de derechos fundamentales.

Es la variable que se extrae del país de nacimiento, con independencia de la nacionalidad o la situación jurídica en la que se encuentre la persona joven. Es un término utilizado para el análisis sociodemográfico y relativo a las trayectorias vitales y los procesos migratorios. Esta variable elude el carácter cultural y el carácter administrativo o procesual.

País en el que nació la persona joven, independientemente de su nacionalidad actual o situación administrativa, u origen o ascendencia familiar, cultural o étnica.

Grado de implicación activa de la persona joven en su proceso de acompañamiento, en la toma de decisiones y en las actividades propuestas dentro del programa, proyecto o servicio.

Paternidad ejercida por personas menores de 19 años, generalmente asociada a situaciones de mayor vulnerabilidad y a la necesidad de apoyo integral y especializado.

Condición y proceso de cuidado de un hijo o hija desde el ejercicio de paternidad que se produce en etapas tempranas de la vida adulta y que puede implicar retos en términos de autonomía económica, conciliación, continuidad formativa y apoyo social.

Aludimos a la frecuencia con la que una persona joven recibe una ayuda económica, un apoyo material o una prestación vinculada a su proceso de emancipación, ya sea otorgada por una administración pública, una entidad social o un programa específico. Esta variable permite distinguir si la prestación se percibe de manera puntual, asociada a una necesidad concreta y acotada en el tiempo, o de forma periódica, con una regularidad establecida (mensual, trimestral, semestral, etc.) que se mantiene a lo largo del itinerario.

Según el planteamiento metodológico del Consejo de la Juventud de España (CJE, este concepto engloba a las personas jóvenes que constan como “persona de referencia”, “cónyuge” o “persona no emparentada” en la Encuesta de Población Activa (EPA).

Personas jóvenes que constan como “persona de referencia”, “cónyuge” o “persona no emparentada” en la EPA.

En el contexto de las tipologías de recursos residenciales, responden a aquellos destinados a personas jóvenes extuteladas que, tras cumplir los 18 años y finalizar su situación de tutela administrativa, requieren un espacio de vivienda seguro, acompañado y estructurado para continuar su proceso de transición hacia la vida adulta. Estos recursos funcionan como dispositivos intermedios entre la protección durante la minoría de edad y la plena autonomía residencial, ofreciendo un entorno de convivencia que combina alojamiento, acompañamiento socioeducativo y apoyo en la adquisición de competencias personales, formativas y laborales.

Son recursos residenciales del sistema de protección a la infancia y adolescencia destinados a personas menores de edad que se encuentran bajo una medida de tutela o guarda por parte de la administración pública. Estos recursos ofrecen un entorno convivencial en formato de vivienda, más reducido y menos institucional que los centros residenciales tradicionales, con el objetivo de proporcionar una atención personalizada, un acompañamiento educativo cercano y un contexto cotidiano lo más parecido posible a un hogar.

Documento técnico que recoge objetivos, acciones, responsables, tiempos e indicadores de seguimiento para cada persona joven dentro del programa.

Conjunto de personas de 16 o más años que, durante el año de referencia, suministran mano de obra para la producción de bienes y servicios económicos o que están disponibles y hacen gestiones para incorporarse a dicha producción.

Paradas son, para el conjunto de juventud que nos ocupa, todas aquellas personas entre 16 y 25 años que, durante un período de referencia dado (semana de referencia, período actual…), declararon encontrarse desempleados o buscando un empleo.

Abarca a todas las personas entre 16 y 25 años, no clasificadas como ocupadas ni paradas ni población contada aparte durante la semana de referencia, según los criterios OIT.

Los ocupados son todas aquellas personas de 16 años o más que, según los criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), durante la semana de referencia tuvieron un empleo por cuenta ajena, asalariado, o ejercieron una actividad por cuenta propia. En relación a este empleo o actividad, pudieron haberse encontrado en la semana de referencia: – trabajando al menos una hora en el citado período a cambio de una remuneración, salario, beneficio empresarial o ganancia familiar, etc., o – ausentes del mismo, pero con un fuerte vínculo con dicho empleo.

Dadas las circunstancias que producen que una persona joven puede tener diferentes fuentes de ingresos, por actividad, por derecho, por diferentes relaciones de apoyos y ayuda económica, hace referencia entre el conjunto de estas fuentes, a la que ocupa un factor central, el mayor peso. Esta variable pretende aproximarse a la perspectiva de la autonomía económica.

Dentro del circuito de los sistemas de protección de la infancia y adolescencia, hace referencia a aquellas instituciones o lugares de referencia por los que han transitado las personas jóvenes en el momento de integrarse en alguno de los programas o proyectos de la entidad. Está determinado por la edad y el bagaje vital. Encontramos Centros de primera acogida, centros de protección de menores, Familia biológica, Familia ajena, Familia extensa, Independiente, Sistema de protección internacional y Juventud sin hogar. Este dato considera la vinculación última, entendiendo que la persona joven pasa por muchos procesos a lo largo de su adolescencia.

Esta variable recoge desagregados por género, el capital humano necesario y vinculado presupuestariamente a un proyecto o recurso determinado. Esta vinculación, también se hace con relación al porcentaje de la jornada laboral donde 1, es el equivalente a una persona con una dedicación al 100%. De este modo, queremos extraer la relación existente entre jornada y profesionales por jóvenes. Esta relación responde al cálculo de la ratio.

Responde a aquellos programas que tienen un componente innovador y experimental. Tienen el objetivo de probar, explorar o validar nuevas metodologías, modelos de intervención, recursos o estrategias de acompañamiento dirigidas a la juventud. Su finalidad principal es comprobar la viabilidad, eficacia y pertinencia de propuestas que aún no forman parte del catálogo estructural de servicios, permitiendo generar evidencia técnica antes de su posible incorporación al sistema regular de atención.

Los objetivos de estos programas se orientan en proporcionar competencias académicas, profesionales, lingüísticas etc… para mejorar las capacidades de las personas jóvenes, lo que proporcionará facilidades para la integración a la hora de acceder al mercado laboral. Contribuyen a desarrollar las carreras profesionales individuales, desarrollo de fortalezas y capacidades.

Se trata de un apoyo donde se trabaja el acceso al mercado laboral. Son programas estrechamente vinculados al proceso formativo de base profesionalizadora, con visión de acceso al mercado de trabajo. También comprenden aquellos programas orientados al asesoramiento en la búsqueda de empleo, donde se trabajan hábitos laborales, cultura organizativa, etc…

Recoge los programas en el contexto de la salud física, psíquica y mental, cuyos objetivos giran en torno la promoción de hábitos y cuidados saludables. Comprende acciones de apoyo individual o grupal.

Recoge todos aquellos programas que ofrecen un apoyo para el acceso a la vivienda, como el asesoramiento y el acompañamiento en la búsqueda de piso. Pero de manera generalizada, se basan en recursos residenciales. El acceso a estos recursos suele estar determinado por un periodo de tiempo definido y unos compromisos, mientras la persona joven desarrolla su itinerario de emancipación. Estos programas suelen ofrecer otro tipo de apoyos integrados, como programas de inserción, formación y consecución de competencias de autonomía.

Se basan en la generación de una cartera de recursos de medios económicos, mayoritariamente transitorios, que posibiliten a las personas jóvenes poder continuar con el proceso de emancipación encaminado a la independencia económica. El formato territorial puede variar, pero se trata de prestaciones vinculadas a su condición de extutela, becas de estudio, becas-salario vinculadas a actividades formativas etc.

Este apoyo incluye orientación y asesoramiento sobre temas administrativos de carácter legal, acompañamiento a la tramitación de documentos de extranjería, mediación, etcétera.

De forma transversal, estos programas se filtran por todas las dimensiones implicadas en los itinerarios de emancipación de las personas jóvenes. Los objetivos de estos programas son, en un marco de seguimiento individualizado, proporcionar habilidades, conocimientos y competencias básicas necesarias en el contexto de la autonomía.

En el contexto de los apoyos a la emancipación, los programas son un conjunto de acciones diseñadas y encaminadas a generar un impacto en la vida de las personas, pero estos comprenden una serie de actividades que conservan un componente a largo plazo. En este sentido, son diseñados desde una visión estructural, donde se reconocen diferentes acciones desde una perspectiva vital multidimensional.

Así, el programa tiene un componente relativo a las diferentes etapas, por las que la persona joven transita dentro de la diversidad de apoyos a su alcance (acciones de proyecto).

Los programas pueden estar basados en requisitos de permanencia a un recurso o al acceso a un apoyo que puede determinar la vinculación o la continuidad de la persona joven y por tanto, pueden ser susceptibles de guardar un componente directivo contrario a la vida elegida.

A nivel conceptual, podemos entender los Programas integrales como programas que parten de un principio o idea general (como por ejemplo la emancipación, la autonomía, la vida independiente etc…) en su amplitud (dimensiones) y abordan el acompañamiento de la persona joven bajo la idea de un proceso, un itinerario, un tránsito una progresión.

Partiendo de la definición de programa, el factor de la integralidad se comprende y se concreta cuando un programa integra acciones coordinadas e interrelacionadas que, para el ámbito de la autonomía o la transición a la vida adulta, comprenden multidimensionalidad a lo largo del desarrollo del itinerario. Sumado a la visión estructural, se les reconoce el principio de autonomía progresiva. En ese sentido, además, existe una línea que comprende y unifica un criterio entre las dimensiones. Esa unificación es visible en el seguimiento del itinerario. Integran más de un ámbito de proyecto, más de un recurso, y más de un apoyo, pero bajo un marco de intervención común, compartiendo flujos de información, compartiendo un diseño y un alcance. Para que se produzca esta integración de ámbitos, ha de existir una línea de conexión o integración. Podemos comprender que un programa integral de autonomía responde a una voluntad que deriva de la administración competente en materia de protección a la infancia, y por tanto, de las políticas públicas.

Hace referencia al conjunto de motivaciones, expectativas, decisiones, preparativos y condiciones previas que llevan a una persona joven a iniciar un proceso migratorio desde su país de origen. Este concepto permite comprender la intencionalidad inicial del viaje, las circunstancias personales y familiares que lo motivan, los objetivos que la persona espera alcanzar y las condiciones estructurales que influyen en la partida.

El proyecto migratorio no es únicamente la decisión de migrar, sino la construcción previa del sentido del viaje, que incluye factores económicos, sociales, culturales, familiares, políticos o personales. Este proyecto constituye el marco interpretativo desde el cual la persona joven entiende su desplazamiento, sus metas y sus estrategias de supervivencia, por lo que es esencial para comprender su trayectoria posterior dentro de los sistemas de protección y los itinerarios de emancipación.

Respecto a la situación actual en el territorio de residencia, alude a las expectativas sobre el proyecto migratorio presente, en relación a continuar o cambiar de residencia, en la búsqueda de seguir el propósito del viaje o darlo por finalizado. Hablamos de la continuación del proyecto migratorio en términos de emigración respecto el territorio de residencia actual.

Responde a aquellos proyectos que tienen un componente innovador y experimental. Tienen el objetivo de probar, explorar o validar nuevas metodologías, modelos de intervención, recursos o estrategias de acompañamiento dirigidas a la juventud. Su finalidad principal es comprobar la viabilidad, eficacia y pertinencia de propuestas que aún no forman parte del catálogo estructural de servicios, permitiendo generar evidencia técnica antes de su posible incorporación al sistema regular de atención.

En el contexto de la transición a la vida adulta, y el principio de autonomía progresiva, es el marco personal de referencia mediante el cual una persona joven define, organiza y orienta sus decisiones presentes en relación con su futuro, integrando expectativas, objetivos y estrategias en las principales dimensiones de la vida adulta.

El proyecto vital no es un plan cerrado ni definitivo, sino un proceso dinámico de construcción, que se va ajustando en función de las oportunidades, los recursos disponibles y las experiencias vividas durante la transición a la autonomía.

Conjunto de acciones diseñadas y encaminadas a generar un impacto en la vida de las personas, con una duración determinada. Guardan una visión coyuntural o menos estructural que los programas. Comprenden un ámbito entorno a una gran dimensión que es la vida independiente, la autonomía de la persona joven.

Partiendo de la definición de proyecto, cuando diferentes proyectos se gestionan de manera separada, pero se unen en algún punto configurando el itinerario de la persona joven, hablamos de proyectos transversales. Pueden ser proyectos que no compartan el seguimiento de los itinerarios, o que, de un año a otro, dejen de formar parte de la cartera de servicios. Un proyecto transversal estará marcado por una temporalidad de proyecto corta. Esto será clave para comprender la diferencia entre proyecto transversal y programa integral.

Son parte de la infraestructura asociada a los programas, proyectos o servicios y por tanto, representan aquellos activos (tangibles e intangibles) inscritos dentro de un programa, proyecto o servicio, orientados en la dirección de dotar de una infraestructura que posibilite la ejecución de las acciones y los objetivos. Un recurso puede estar asociado a más de un programa, proyecto o servicio.

Hacen referencia a aquellos recursos reconocibles como parte de los espacios, infraestructuras, equipamientos o servicios que una entidad recibe de manera temporal o estable a través de acuerdos de colaboración con otras organizaciones, ya sean públicas o privadas, sin que exista un coste directo imputado al presupuesto del programa, proyecto o servicio propio. Estos recursos se integran en la actividad de la entidad para ampliar su capacidad de intervención, mejorar la cobertura ofrecida y optimizar el funcionamiento y el alcance de sus proyectos, programas o servicios.

Alude a todos aquellos recursos habitacionales en cuyo coste, la persona joven vinculada tiene una participación en su financiación. En este sentido, la persona usuaria concurre con el coste de su disfrute.

Para nuestro modelo de recogida de datos, en los recursos recaen los costes de la implementación de los programas, los proyectos y servicios. En este sentido, los recursos imputados responden a aquellos recursos que representan un coste para la propia implementación de las acciones. Como un recurso puede estar vinculado a más de un programa, proyecto o servicio, de su imputación proporcional a los presupuestos se extrae el coste total.

Conjunto de relaciones personales, familiares, comunitarias e institucionales que proporcionan apoyo continuado y significativo a la persona joven a lo largo de su proceso vital. Para nuestro objetivo de estudio, acotado a su transición a la vida adulta, y vinculado a la adquisición de una autonomía progresiva.

son aquellas personas pertenecientes al entorno familiar de la persona joven, ya sea familia directa, indirecta y ajena, que residen en el mismo territorio geográfico en el que la juventud desarrolla su proceso de emancipación. Estos referentes se consideran parte de la red primaria de apoyo, proporcionando vínculos afectivos, apoyo material o emocional, acompañamiento cotidiano, o puntos de referencia cultural y comunitaria que pueden influir en la estabilidad, bienestar y arraigo territorial de la juventud extutelada. Se comprende la falta de este entorno familiar.

Hace referencia al tipo de vínculo jurídico y administrativo mediante el cual una entidad social accede, utiliza y gestiona un recurso destinado a la atención, acompañamiento o intervención con personas jóvenes. Este concepto describe cómo se formaliza el uso del recurso, quién es titular, qué compromisos asume la entidad, y en qué condiciones se utiliza, siendo fundamental para comprender la estructura organizativa, económica y de responsabilidad de los programas, proyectos o servicios. Esta variable comprende las relaciones formalizadas a partir de contratos de Alquiler, contratos de Cesión, la Coparticipación, la cesión y ésta bajo la forma de usufructo.

En el contexto del sistema de apoyos y la cartera de servicios, representan los valores condicionantes y determinantes, aquellos criterios que determinan el acceso a un programa o proyecto. Están basado en la edad, en la situación administrativa, el nivel de estudios y están asociados a trámites.

Comprende el estado de bienestar interno que permite a la persona joven reconocer, comprender, expresar y gestionar de manera adecuada sus emociones en la vida cotidiana. Incluye la capacidad de afrontar el estrés, adaptarse a los cambios, resolver conflictos, tomar decisiones conscientes, mantener relaciones afectivas estables y desarrollar un sentido de identidad y autoestima equilibrado. La salud emocional no se limita a la ausencia de problemas o síntomas, sino que implica la existencia de recursos internos, habilidades de regulación emocional y competencias socioafectivas que contribuyen al bienestar subjetivo y a la calidad de vida.

Hace referencia al estado general del cuerpo y al adecuado funcionamiento de los sistemas biológicos que permiten a la persona joven desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad. Incluye tanto la ausencia de enfermedades o dolencias como la presencia de hábitos saludables, niveles de energía adecuados, movilidad funcional y un equilibrio corporal que facilite el bienestar integral. La salud física abarca condiciones agudas y crónicas, así como cualquier alteración que requiera seguimiento médico, tratamiento farmacológico o intervenciones sanitarias periódicas

Es la situación en la que una persona joven ha sido evaluada por profesionales de la salud, presentando un diagnóstico formal de una alteración de la salud mental reconocido según criterios clínicos. Esta categoría no se limita a la presencia de síntomas o malestar, sino que implica la existencia de un informe clínico o evaluación especializada que identifica una condición concreta y que puede requerir seguimiento, tratamiento, intervención terapéutica o supervisión continuada.

Estos indicadores responden a la referencia de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). Como clasificación de referencia para el Instituto Nacional de Estadística (INE), como recoge el propio instituto, el CNAE es una clasificación exhaustiva, donde todas las actividades económicas están recogidas en ella, sea de manera explícita o implícita. También es excluyente, es decir, cada actividad económica debe aparecer solo en una categoría (en cada nivel jerárquico). La clasificación está relacionada con otras clasificaciones de índole internacional: NACE (Clasificación Europea de Actividades Económicas), elaborada por el Sistema Estadístico Europeo y el ISIC o CIIU (Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas), mantenida por la División de Estadística de la ONU.

Representan acciones coyunturales, orientadas a solventar situaciones de emergencia o riesgo y por tanto, tienen un alcance a corto plazo. Los servicios son el grado menos planificado en relación con los Programas y Proyectos. Los servicios se reconocen como soluciones fluctuantes enfocadas a realidades cambiantes y en este sentido, no tienen porqué orientarse de manera especializada a juventud extutelada. En añadido, podemos entenderlos alejados de la idea de itinerario, pues representan ese apoyo puntual y circunstancial alrededor de situaciones complejas.

Hablamos del sistema orientado a la cobertura de las necesidades básicas de las personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional y temporal que carecen de recursos económicos, acompañándolas en su proceso de adquisición de la autonomía e integración en la sociedad española. El Sistema cuenta con una red de recursos de acogida, servicios y actuaciones. La gestión y dirección del Sistema corresponde a la autoridad de acogida (Dirección General de Atención Humanitaria y del Sistema de Acogida de Protección Internacional) y se desarrolla en colaboración con entidades sin ánimo de lucro.

Hace referencia a los procedimientos administrativos iniciados por la persona joven que todavía no han sido resueltos. Incluye todo el conjunto y tipología de autorización posibles a las que pueden acogerse las personas jóvenes de origen comunitario y extracomunitario.

Es el acuerdo legal entre un empleador y un empleado en el que se especifican las condiciones del trabajo, como el tipo de empleo, el salario, la jornada laboral, las tareas a realizar, y la duración del contrato. Comprende las siguientes situaciones: indefinido, temporal, contrato formativo (prácticas), fijo discontinuo, por cuenta propia y sin contrato de trabajo.

Esta variable describe el estatus documental presente y determina el acceso a empleo, formación, prestaciones y recursos públicos. Definimos este concepto a partir del estado actual, la validez y el tipo de documentación identificativa y administrativa que posee la persona joven en un momento determinado, especialmente en relación con su residencia en España y con su acceso a derechos, servicios y oportunidades. De forma más específica, alude al estado actual de la documentación que posee la persona joven en relación con su residencia en España. Incluye situaciones como carecer de documentación, disponer de una Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE), contar con una tarjeta de protección internacional.

La combinación de estas dos variables responde a una realidad amplia donde la actividad formativa y la actividad laboral se complementan en un momento vital determinado. Este indicador permite identificar si la juventud está estudiando, trabajando, compatibilizando ambas actividades (sí‑sí) o si, por el contrario, no participa en ninguna de ellas (ni‑ni). Constituye una variable clave para comprender las circunstancias vitales y aspiracionales, permitiendo establecer perfiles diferenciados y adaptar la intervención según el nivel de vinculación con sistemas formativos y laborales.

Se define como el marco legal en el que se encuentra la persona joven dentro del Estado, especialmente en relación con su reconocimiento institucional, su estatus documental, su relación con las administraciones públicas y los derechos y obligaciones que derivan de dicho estatus. Esta variable permite identificar si la persona joven se encuentra en una situación regularizada, no regularizada o amparada bajo procedimientos de protección internacional, y constituye un indicador estructural fundamental para comprender sus posibilidades reales de acceso a recursos, empleo, formación, prestaciones y procesos de emancipación.

La situación laboral hace referencia a la posición en la que se encuentra una persona joven respecto a su participación en el mercado de trabajo. Se reconocen distintas situaciones que permiten identificar si la juventud trabaja, no trabaja, busca trabajo, no lo busca o no está capacitada para trabajar, lo que convierte esta variable en un indicador esencial para comprender el grado de inserción sociolaboral y la autonomía económica en los procesos de emancipación.

Tomamos en consideración la referencia de indicadores propuestos por la tipología ETHOS (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar, FEANTSA. 2017), referencia en la mayoría de los censos realizados a nivel nacional y europeo. Este orden de indicadores permite situarnos en un marco de actuación a la hora de realizar informes encaminados a dimensionar el número de personas que se encuentran en situación de exclusión residencial.

Situación en la que la persona siente desconexión entre las relaciones sociales que tiene y las que desea, generando malestar o aislamiento; un factor de riesgo común en juventud extutelada.

Hace referencia al procedimiento formal mediante el cual una persona extranjera o apátrida solicita el asilo o la protección subsidiaria en España porque teme por su vida, libertad o integridad física si regresa a su país de origen. Esta protección está destinada a personas que huyen de persecuciones, conflictos, violencia generalizada o situaciones que ponen en riesgo su seguridad

Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE) responde al cociente entre el total de activos y la población de 16 y más años.

Según la definición del Consejo de la Juventud de España (CJE) es el porcentaje de personas que residen fuera del hogar de origen sobre el total de su misma edad.

Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE) es el porcentaje de población ocupada sobre el total de población de su misma edad.

Según la definición del Instituto Nacional de Estadística (INE) responde al porcentaje de población en paro sobre el total de población activa de su misma edad.

Medimos el periodo total, medido en meses, durante el cual la persona joven permanece vinculada a un servicio residencial o recurso, como parte de su itinerario de intervención.

Es la modalidad jurídica que regula la relación de trabajo entre una persona trabajadora y una empresa, y que determina la duración del vínculo laboral, su finalidad, la jornada y los derechos y obligaciones asociados. comprende Contrato indefinido, Contrato de duración determinada, Contrato formativo (prácticas), Contrato fijo discontinuo, Por cuenta propia y sin contrato de trabajo.

Hace referencia al tiempo que una persona dedica a su trabajo dentro de un día o una semana. Reconocemos: jornada completa, parcial o reducida.

Reconocemos cinco tipologías: discapacidad física u orgánica, discapacidad intelectual, discapacidad sensorial, discapacidad por razón de salud mental, y discapacidad múltiple. Las tipologías de discapacidad no se centran únicamente en la condición médica o diagnóstica, sino en cómo dicha condición impacta en la vida diaria, en la autonomía y en la interacción con el entorno. Por ello, la tipología es una categoría fundamental para analizar necesidades específicas dentro de los programas de acompañamiento a la juventud extutelada y diseñar acompañamientos individualizados.

en el contexto de los programas, proyectos y servicios, hace referencia a la forma al entorno de financiación respecto el origen de los fondos. En este sentido, reconocemos tres grandes atributos: Fondos Públicos, Fondos Privados y Fondos Propios.

Partimos de la clasificación de dos modalidades formativas en las que puede participar la persona joven, distinguiendo entre formación reglada y formación no reglada. Esta clasificación permite identificar el tipo de estudios que realiza la juventud, el nivel de acreditación oficial asociado y la relación de cada modalidad con los itinerarios formativos en el contexto de la inserción laboral, y la continuidad educativa en el contexto del estudio.

Apelan al conjunto de ingresos relacionados con actividades productivas o relacionas con el estudio, donde la persona lleva a cabo una actividad. Reconocemos ingresos laborales, becas de estudio y prácticas remuneradas.

Comprenden todo el conjunto de ingresos externos a la persona joven. Son relativos a la situación o a la condición de la persona joven, a sus circunstancias vitales. En su sitúan en el ámbito de las políticas públicas, y están reconocidas en el conjunto de los derechos sociales. Se reconocen también las ayudas

Hace referencia a la clasificación de los distintos tipos de movimiento migratorio en función de las circunstancias que lo originan, las condiciones en las que se produce y el grado de voluntariedad o necesidad que impulsa la migración. En este sentido, construimos esta categoría partir de dos atributos o tipologías, según si la migración ha sido voluntaria o forzada. Esta variable permite identificar qué tipo de migración ha realizado la persona joven, facilitando la comprensión de su trayectoria, de sus vulnerabilidades y de las dinámicas implicadas en su llegada al territorio.

Nos referimos al conjunto de recursos asociados a los ámbitos de programas, proyectos y servicios, entendidos desde la conceptualización de la infraestructura. En este sentido, apelamos a una amplia variedad de centros, oficinas, escuelas, pisos, residencias, gabinetes etc.

Esta variable identifica si el recurso pertenece a una administración pública, a una entidad del Tercer Sector, a una organización privada o si es fruto de modelos de titularidad compartida o conveniada, lo que permite comprender mejor las responsabilidades, derechos de uso y condiciones de gestión asociadas al recurso.

Están asociados a todos los procedimientos administrativos que la persona joven tiene iniciados y que aún no han finalizado en relación con su situación documental, administrativa o jurídica. Se trata de procesos en curso que están siendo gestionados respecto las administraciones competentes en materia de extranjería, oficinas de documentación, servicios jurídicos y que requieren seguimiento hasta su resolución.

Hace referencia al conjunto de intervenciones profesionales, planificadas y continuadas, destinadas a mejorar el bienestar físico, emocional o mental de la persona joven, así como a reducir los síntomas, dificultades o limitaciones derivadas de una condición de salud específica. Incluye todas aquellas actuaciones realizadas por profesionales de la salud física, mental o emocional que tienen como objetivo favorecer la recuperación, la estabilidad y la funcionalidad de la persona joven en su vida cotidiana.

Comprende la franja horaria en la que la persona joven desarrolla su actividad laboral, es decir, la distribución temporal del tiempo de trabajo dentro del día o de la semana. Esta variable permite identificar si la jornada se realiza en horarios partidos, intensivos, nocturnos, rotativos, y fines de semana, lo cual tiene un impacto directo en la organización del día a día, la conciliación, la asistencia a formación, el descanso y la sostenibilidad del itinerario de emancipación.

Hace referencia al proceso de evaluación que realiza la persona joven sobre el programa, proyecto o servicio en el que participa, teniendo en cuenta su experiencia personal, el acompañamiento recibido, la utilidad del recurso y el impacto que ha tenido en su proceso de autonomía y emancipación. Esta valoración integra dimensiones subjetivas (cómo se ha sentido), prácticas (qué apoyos han sido útiles) y relacionales (cómo ha vivido el contacto con profesionales y con el recurso), proporcionando información cualitativa fundamental para la mejora continua del programa.

En el contexto de las tipologías de recursos de vivienda, es un recurso residencial diseñado específicamente para mujeres jóvenes que requieren un entorno seguro, protegido y adaptado a sus necesidades, en el marco de los procesos de autonomía y emancipación. Este tipo de recurso reconoce perfiles específicos alrededor de mujeres extuteladas, migradas, gestantes, madres jóvenes o supervivientes de situaciones de violencia, que pueden enfrentar vulnerabilidades y riesgos diferenciados que requieren un acompañamiento especializado, una estructura residencial protegida y un enfoque de intervención con perspectiva de género.

Esta variable recoge desagregados por género, el capital humano que colabora de manera voluntaria en proyecto o recurso de emancipación. Esta vinculación recoge los valores totales sin tener en cuenta las horas dedicadas.

Tomamos en consideración la referencia de indicadores propuestos por la tipología ETHOS (Federación Europea de Organizaciones Nacionales que Trabajan con Personas sin Hogar, FEANTSA. 2017), donde reconocemos Vulnerabilidad residencial como situación de riesgo o exclusión en el acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada según las circunstancias relativas a la vivienda o no vivienda, (sin techo) según si existe o no una relación contractual de propiedad y uso (sin vivienda), o si se toman en consideración propiedades del inmueble (vivienda insegura o inadecuada).